El litigio estratégico como control al poder de las agencias gubernamentales
Por Angelyne Lisinski
El derecho migratorio se ha convertido en un área sometida a un riguroso escrutinio, moldeada por políticas cambiantes y las interpretaciones en constante evolución por parte de las agencias. En el contexto actual, los abogados de inmigración deben considerar no solo los resultados inmediatos de cada caso, sino también cómo el litigio puede esclarecer los estándares legales y restringir las prácticas ilícitas de la administración. Para la firma Lisinski Law Firm (LLF), el litigio estratégico, entendido como la interposición de demandas selectivas y dirigidas para lograr un cambio sistémico, es una elección deliberada dentro de la práctica. Este compromiso se refleja en la respuesta de LLF ante las prácticas gubernamentales que se apartan de los estándares procesales previamente establecidos.
El problema de las firmas de USCIS
Un ejemplo de ello son los esfuerzos de LLF en litigios estratégicos en representación de clientes particulares. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, exigió durante años una firma original "en tinta" en todos los formularios enviados por correo. Sin embargo, en 2020, cuando el COVID-19 alteró la vida cotidiana a nivel mundial, USCIS adoptó una política más flexible que permitía a los solicitantes y abogados presentar firmas reproducidas electrónicamente, como copias escaneadas de formularios firmados. Bajo esta política, USCIS aceptó y aprobó, durante varios años, casos presentados por LLF y otros profesionales del sector en todo el país.
Posteriormente, los defensores y profesionales de la inmigración identificaron una tendencia preocupante: USCIS comenzó a emitir de forma abrupta Solicitudes de Evidencia (RFE), Notificaciones de Intención de Denegación (NOID) y denegaciones, alegando que ciertas firmas eran "deficientes" por ser reproducciones y no originales. Lo más alarmante fue que estos cuestionamientos se dirigieron principalmente a sobrevivientes de trata de personas que buscaban protección mediante Visas T, mientras que otros tipos de casos con el mismo formato de firma seguían siendo aprobados.
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Acción legal contra USCIS
Lo que comenzó como decisiones arbitrarias aisladas pronto reveló un patrón más amplio de conducta administrativa perjudicial a nivel nacional. LLF, junto con otros despachos, comenzó a recibir RFEs, NOIDs, Notificaciones de Intención de Revocación (NOIRs) y denegaciones similares, especialmente en casos de sobrevivientes de trata severa y abuso. En julio de 2025, tras intentar negociar con el gobierno federal, LLF presentó una demanda contra USCIS en representación de 14 sobrevivientes de trata cuyos casos fueron ilegalmente denegados o revocados por cuestiones relacionadas con las firmas.
LLF solicitó medidas cautelares y declarativas bajo el argumento de que USCIS alteró retroactivamente sus requisitos de firma sin previo aviso ni periodo de consulta pública, violando directamente la sección 5 U.S.C. § 553(b), (c) y (e), y rechazando de manera arbitraria casos presentados conforme a la norma vigente al momento de la solicitud. Para los sobrevivientes de trata y violencia doméstica, las denegaciones ilegales conllevan consecuencias especialmente graves, incluyendo la pérdida del estatus legal, el riesgo de deportación y la re-traumatización derivada de una incertidumbre prolongada.
En respuesta, USCIS reabrió los casos afectados y habilitó mecanismos para subsanar las supuestas deficiencias en las firmas. En una segunda demanda presentada en febrero de 2026, LLF volvió a demandar a la agencia en representación de otros ocho sobrevivientes de trata. Además de reiterar los reclamos iniciales, LLF alegó que USCIS adoptó una política no escrita que obligaba a los solicitantes a corregir las supuestas deficiencias únicamente después de que la agencia reabriera cada caso previamente negado de manera ilegal. Ambas demandas continúan en curso. Cabe destacar que USCIS parece estar aplicando más recientemente este mismo cambio abrupto a solicitantes de visas H-1B. Para LLF, estos casos demuestran cómo la representación individual puede exponer problemas sistémicos que requieren ser escalados mediante el litigio estratégico.
ICWC v. Noem y el cambio sistémico
Además de estos esfuerzos en representación individual, LLF contribuye activamente en litigios que buscan remediar problemas sistémicos que afectan a las poblaciones a las que sirve, como el caso ICWC v. Noem, una demanda colectiva nacional ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Central de California. El caso impugna una política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de 2025 que permite el arresto, detención y deportación sistemática de inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica y trata.
Dicha política de ICE ignora las protecciones de "acción diferida" que autorizan a los sobrevivientes elegibles a permanecer legalmente en el país. En la práctica, la política ha permitido a ICE deportar a sobrevivientes solicitantes de beneficios migratorios sin realizar el análisis legalmente requerido sobre su elegibilidad para la visa, denegando sumariamente las solicitudes de suspensión de la deportación.
El litigio se encuentra en sus etapas iniciales, con los demandantes solicitando medidas cautelares preliminares y la certificación de la clase. LLF ha contribuido a este esfuerzo aportando declaraciones de clientes afectados, demostrando cómo la política perjudica a los no ciudadanos e interfiere con una representación legal efectiva. En distintas áreas del derecho, los abogados suelen encontrarse con actuaciones de agencias que, consideradas de forma aislada, pueden parecer justificables, pero que revelan fallas estructurales cuando se analizan en conjunto. Al identificar estos puntos críticos, las firmas que representan a clientes individuales pueden contribuir significativamente a esfuerzos más amplios que refuercen la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
Perspectivas a futuro
Los posibles resultados de ICWC v. Noem ilustran el valor del litigio estratégico. Un fallo favorable obligaría a ICE a rescindir o revisar su política y reestablecer las protecciones procesales establecidas por el Congreso, además de clarificar los límites de la discrecionalidad de las agencias. Incluso una medida cautelar provisional permitiría proteger a las personas frente al arresto, la detención o la deportación durante el proceso de revisión judicial.
El litigio estratégico desempeña un papel fundamental en la protección de poblaciones vulnerables y en el fortalecimiento de la integridad de los procesos administrativos. La misión de LLF es cambiar la mayor cantidad de vidas posible mediante la representación directa y el litigio estratégico, asegurando que todos los solicitantes se beneficien de un sistema migratorio justo y equitativo. En solo cinco años, LLF se enorgullece de haber ayudado a más de 55,000 inmigrantes a buscar vías hacia un estatus legal. Con más de 60 abogados en 15 oficinas a nivel nacional, LLF mantiene su compromiso de avanzar esta labor y consolidar su liderazgo en el ámbito de derecho migratorio.
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